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Campaña 29-N · ProgramaHecho

Alvise Pérez presenta su contrato electoral: 119 medidas y su sueldo como garantía

SALF incorpora una cláusula de penalización al programa del 29-N: el documento establece que el 100 % del sueldo público de Alvise quedará bloqueado y podrá perderlo si sus votos en el Congreso se apartan de lo comprometido.

EL ARDILLERORedacción11 de noviembre de 2026
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Portada del Contrato Electoral simplificado de Se Acabó La Fiesta para las generales del 29 de noviembre, con un lingote de oro grabado con el nombre del partido
Portada del Contrato Electoral simplificado de SALF para las generales de 2026. · Documento de Se Acabó La Fiesta

Alvise Pérez presentó este martes 10 de noviembre el Contrato Electoral de Se Acabó La Fiesta para las elecciones generales del 29-N. El documento reúne 119 medidas en cuarenta páginas y una particularidad con la que SALF pretende diferenciarse del programa electoral convencional: una penalización económica para su propio líder en caso de incumplimiento.

El contrato establece que, desde el primer día, el 100 % del sueldo público de Alvise Pérez quedará bloqueado en una cuenta del Banco de España. En junio de 2030 se compararían las 119 medidas incluidas en el documento con el sentido de sus votos en el Congreso de los Diputados. Si la correspondencia no alcanza el 100 %, el dinero acumulado, según la fórmula utilizada por SALF, «se lo queda España». La cláusula se aplicaría también si la formación no llegase a entrar en el Gobierno.

Ese es el elemento que convierte la presentación del 10 de noviembre en algo más que el lanzamiento de otro programa de campaña.

SALF intenta trasladar al terreno económico una pregunta que normalmente queda pendiente hasta las siguientes elecciones: qué consecuencia tiene para un político votar en contra de aquello que prometió durante la campaña. El propio contrato lo expresa sin demasiados matices: «El castigo por incumplimiento es urgente si queremos limpiar la política española de parásitos y mentirosos». Y termina invitando al resto de partidos a asumir la misma cláusula.

Diez compromisos para resumir 119 medidas

La cláusula acompaña a un programa organizado alrededor de diez grandes áreas: vivienda, seguridad, impuestos, inmigración, pensiones, sanidad, corrupción, empleo, educación y geopolítica.

Entre las propuestas que SALF sitúa en primer plano figuran eliminar los impuestos de la primera vivienda, desalojar ocupaciones ilegales en 48 horas, elevar progresivamente hasta 35.000 euros el mínimo exento del IRPF, eliminar la cuota de autónomos, reformar el sistema de pensiones, reducir los tiempos de espera sanitarios y endurecer las penas y consecuencias económicas por corrupción.

El contrato incorpora también una reforma profunda de la estructura del Gobierno. SALF propone reducir los actuales 22 ministerios a 10, pasar de tres vicepresidencias a una, rebajar de 823 a 450 los altos cargos y reducir los asesores de 1.255 a 400. El propio documento cifra el ahorro directo mínimo de esa reorganización en 300 millones de euros.

En materia fiscal, el mínimo exento del IRPF subiría de forma gradual: 15.000 euros en 2027, 22.000 en 2028, 28.000 en 2029 y 35.000 en 2030. El programa plantea además cuota cero para autónomos, la supresión de Sucesiones, Donaciones y Patrimonio y una reducción del impuesto de sociedades, entre otras medidas.

La cuenta que SALF hace para pagarlo

La magnitud de las rebajas fiscales y del nuevo gasto obliga al propio contrato a dedicar un apartado específico a explicar su financiación.

SALF calcula que sus propuestas supondrían en 2030 alrededor de 81.700 millones de euros anuales entre rebajas fiscales y nuevos gastos. Frente a esa cantidad, identifica 88.500 millones entre ahorro e ingresos adicionales y destina la diferencia, 6.800 millones, a reducción de deuda.

La mayor partida de ahorro que contempla el documento procede de lo que denomina sobrecoste autonómico por duplicidades y redundancias, al que atribuye 57.000 millones anuales. A ello suma eliminación de entes públicos, contratación pública electrónica, supresión de diputaciones, reducción de ayuda internacional y una propuesta para que las entidades herederas de las antiguas cajas devuelvan 70.000 millones del rescate bancario en quince años.

Son cálculos y propuestas que tendrán que ser contrastados por separado. Varias medidas requieren reformas legales profundas; otras necesitarían mayorías reforzadas o cambios constitucionales. El contrato, de hecho, plantea expresamente reformas de la Constitución en asuntos fiscales, judiciales, educativos o de organización institucional.

Pero la presentación del 10 de noviembre deja una novedad política bastante concreta.

SALF no ha querido limitarse a publicar qué promete hacer durante la próxima legislatura. Ha añadido una consecuencia personal para quien encabeza la candidatura si sus votos no se corresponden con esas promesas.

Prometer sigue siendo gratis.

Incumplir, al menos en el contrato de SALF, pretende dejar de serlo.

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